Poggi aseguró que irá a fondo con las políticas de trabajo y seguridad: “Nada ni nadie nos desviará del cambio que votó la mayoría de los sanluiseños”

En el primer tramo Claudio Poggi dio la definición de los cuatros ejes, que son una especie de decálogo, sobre los cuales se asentarán y ordenarán el rumbo de la provincia.

“Cada paso que demos en esa dirección vamos a ir mejorando nuestra calidad de vida y vamos a ir fortaleciendo la esperanza y consolidando el futuro”, fue la invitación a la construcción de otro San Luis ante la Asamblea presidida por el vicegobernador Ricardo Endeiza.

Fue un discurso pronunciado con absoluta tranquilidad, pero sin eufemismos de punta a punta. Un mensaje propio de un gobernador que habla sin rodeos y quedó patentizado al promediar la lectura cuando avisó a los representantes del pueblo donde están parados el Gobierno y el conjunto de los sanluiseños.

Lo dijo así: “Les hablo con absoluta responsabilidad y con la verdad, para que todos puedan comprender los pasos que estamos dando. El tema de las finanzas provinciales es un tema de seguimiento día a día, ya que se suma al rojo fiscal recibido, la evolución de los recursos que vienen registrando una merma en términos reales mes a mes y las nuevas erogaciones asumidas por la Provincia que antes financiaba la Nación, fundamentalmente en materia de transporte y del fondo de incentivo docente. Todo esto nos obliga necesariamente a tomar decisiones con mucha precaución y prudencia, y nos va a llevar todo este año 2024 ordenar las cuentas”.

Poggi graficó cuál era la situación de la administración al asumir el 10 de diciembre: “Nunca la vi antes en San Luis, nunca estuvo tan mal desde el regreso de la democracia”.

“Encontré un San Luis con sus finanzas en rojo, inmerso en una tragedia social, y con un gran desorden administrativo y de gestión en el Estado”, sintetizó ante un recinto colmado de legisladores, intendentes, invitados y autoridades de distintos sectores. En la previa de la asamblea la dirigencia gremial había llegado a las inmediaciones del Palacio para reclamar una recomposición salarial.

Poggi insistió con el grado irresponsabilidad y descomposición reinante que derivó en unas 20 denuncias penales contra funcionarios de Alberto Rodríguez Saá. Desde la designación de personal por fuera de la ley hasta actos de corrupción que tomaron forma en expedientes en el ministerio Público Fiscal.

Dijo que es inminente el envío de un proyecto de Ley de Extinción de Dominio cuyo objetivo judicial es “la recuperación de los bienes materiales ilícitamente obtenidos en actos de corrupción por parte de funcionarios a los fines que sus valores o especies vuelvan al patrimonio estatal”. Se trabajó sobre un texto presentado por el diputado, Carlos “Charly” Pereyra en el ámbito de la secretaría de Ética Pública con la opinión de colegios profesionales.

El gobernador dijo que el desquicio de las finanzas se puede verificar en el decreto N°11631 de programación financiera de diciembre donde se “observa claramente el rojo mensual entre ingresos y gastos”. Y abundó señalando que los datos publicados por el ministerio de Economía de la Nación corroboran que “San Luis fue en 2023, por lejos, la Provincia de mayor déficit fiscal del país en relación a sus recursos”.

Por si fuera necesario y para despejar definitivamente cualquier margen de duda, la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, está revisando el rojo fiscal que dejó Rodríguez Saá. El dato es que la ejecución del presupuesto al 30 de noviembre arroja un déficit de $87.963 millones.

El Gobierno anterior financió su descalabro con la liquidación de los títulos públicos recibidos de la nación por los juicios ganados.

“La Ley de Presupuesto de Gastos del 2024 indica que esta gestión arranca con una partida de gastos que no cuenta con el financiamiento correspondiente, fundamentalmente debido a compromisos asumidos por la gestión saliente con posterioridad a la formulación del Presupuesto de este año, que por sus características de estabilidad y permanencia temporal afectan el ejercicio 2024 y futuros”, explicó el gobernador.

Poggi aseguró que a pesar de “la situación financiera provincial, nada ni nadie va a desviarnos de nuestro norte, de nuestra hoja de ruta, de nuestra visión para San Luis, del cambio que votó la mayoría de los sanluiseños, y a medida que se vaya cristalizando esos cambios, vamos a ir fortaleciendo la esperanza y vamos a ir consolidando el futuro”.

El lanzamiento del Consejo Productivo con la presentación de las acciones iniciales y el anuncio de medidas el próximo 6 de abril, son las primeras señales del rol preponderante que tendrá en esta etapa el sector privado para avanzar en una de las cosas que desvela a Poggi que es la generación de puestos de trabajo. En esto tiene un lugar clave la inserción laboral de los beneficiarios del Plan mediante un programa que ya está en marcha.

Anotó el Plan Alimentario Nutricional Educativo como acción para atacar la emergencia que marca que “siete de cada diez chicos de San Luis son pobres”.

El jefe de Estado aseguró que irá a fondo para combatir la inseguridad y el narcotráfico.

“La lucha frontal será uno de los cuatro ejes principales de nuestra gestión. Debemos revertir esta situación, no podemos llegar a ser Rosario o el Conurbano Bonaerense, en donde todos los días mueren ciudadanos inocentes víctimas de la inseguridad y de la droga. No va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos claro que debemos recuperar la tranquilidad para nuestras familias”, afirmó.

En ese marco anunció medidas como la despolitización de la conducción del ministerio de Seguridad y de la Policía y le puso fecha al regreso de Gendarmería Nacional a la Provincia. El 6 de mayo la fuerza federal empezará trabajar casi 25 años después de su efímera presencia en la provincia porque fue exonerada a instancias de Alberto Rodríguez Saá.

“El criterio que adoptaremos con las fuerzas de seguridad, policial y penitenciaria, será de cuidarlos, vamos a cuidar a quienes nos cuidan, y en el marco de la ley y la Constitución los vamos a respaldar siempre en su accionar, dijo y dejó en claro: “Yo estoy del lado del orden, estoy del lado de las víctimas de los delitos, parece obvio lo que digo, pero son épocas que hay que aclararlo bien”.

Acá expuso su postura en relación a uno de los temas del momento: “En los delitos extremos, graves, (matar, violar), cometidos por menores tienen que haber ejemplaridad. Estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad y no lo digo desde una posición ideológica, lo digo desde una realidad que tenemos que revertir, ya que un alto porcentaje de delitos lo cometen menores. Hay muchos chicos que no están teniendo oportunidades, y no por eso salen a cometer delitos graves. Ni la marginalidad, ni la vulnerabilidad, ni la pobreza, son excusas para que un menor cometa un delito extremo, es decir que si se trata a nivel nacional la baja en la edad de imputabilidad mi voz estará a favor”.

En este sentido adelantó que impulsará un proyecto de ley de reforma al Código Procesal Penal para terminar con “la puerta giratoria, que los delincuentes entren por una puerta y salgan inmediatamente por otra, burlando el sistema de justicia”.

Concretamente propondrá que quienes sean “apresados por segunda vez esperen el juicio en prisión preventiva”.

El Gobierno propondrá la suspensión de Ley de Narcomenudeo porque en las provincias que adhirieron a la legislación nacional “los resultados no han sido buenos”.

“La falta de coordinación y la fragmentación de las investigaciones ha tenido como resultado que no se puede llegar a los peces gordos del negocio ilícito de la droga”, consideró y anticipó que se buscará “la mejor manera de articulación entre los órganos encargados de la lucha contra el narcotráfico”.

En este capítulo dio otra clara señal al promover un proyecto de ley que prohíba a los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial “consumir ni sean adictos a drogas ilegales”. Tuvo en cuenta un proyecto de ley de la diputada Marisa Patafio de ejemplaridad y coherencia de los poderes públicos que establece un mecanismo obligatorio y aleatorio de exámenes médicos y bioquímicos respetando la confidencialidad y las garantías constitucionales.

Y también se pedirá a la Legislatura que derogue la ley que autoriza a condenados a contar con una libertad anticipada que había sido aprobada a instancias del Gobierno anterior.

Entre las reformas que enviará el Gobierno a la Legislatura están la eliminación de la feria judicial.

“Esta propuesta nada tiene que ver, ni afecta, el derecho al descanso de los agentes judiciales, así como en un hospital, o en una comisaría, las vacaciones se organizan y se coordinan, esta modificación legal que se pondrá a consideración de la Legislatura apunta a la no suspensión de los plazos procesales por 45 días, para que el servicio de justicia no se paralice durante ese tiempo”, dijo.

Poggi abordó una batería de políticas y acciones en educación, desarrollo humano y salud que algunas ya fueron lanzadas y otras se encaminarán.

“El Hospital Ramón Carrillo dejó de actuar como un hospital privado”, comunicó más adelante.

El Gobierno avanzará con la venta de edificio de la Casa de San Luis en Buenos Aires, y los recursos tiene previsto orientarlos al financiamiento del arreglo del Policlínico de Villa Mercedes.

Poggi anunció la apertura de un centro provincial de prevención y asistencia a las adicciones en el edificio donde se estaban construyendo consultorios de Dosep en la ciudad de San Luis.

Más adelante dijo que la política habitacional será relanzada con la construcción de viviendas de aquellos inscriptos que quedaron pendientes de su primer mandato.

En educación se retomarán los concursos de directivos docentes.

Para el final dejó dos la creación de una comisión en el Poder Legislativo de análisis del sistema electoral y un protocolo de traspaso de mando, y una comisión de análisis y conveniencia de una reforma de la Constitución provincial.

El objetivo de la primera es que el sistema electoral que rija a San Luis desde el año próximo, sistema que hay que sancionarlo este año para que tenga previsibilidad, sea acorde a los tiempos, sea más austero para la política y para las arcas del Estado, sea ágil para el ciudadano, e incorpore modernas herramientas electorales y de transparencia democrática.

“Mi visión sobre el tema, es que debemos modernizar la legislación electoral, eliminar la Ley de Lemas que rigió en la última elección provincial (¿se acuerdan lo que era el cuarto oscuro de boletas papel?), ir a un sistema de boleta única papel, o voto electrónico, y que además exista una legislación sobre las transiciones de gobierno para que los perjudicados ante cambios de gobierno no sean los ciudadanos”, dijo Poggi

Esta comisión se deberá pronunciar en 90 días corridos, prorrogable por 30 días más de ser necesario.

El objetivo de la segunda iniciativa es “el ‘aggiornamiento’ de nuestra Carta Magna a los tiempos que corren, a los reclamos de la sociedad, a la necesidad de una mayor austeridad del Estado, a una mejor institucionalidad, entre otras cuestiones”. Acá señaló: “Desde mi visión, debemos ‘aggiornarla’ en diferentes temas, pero es solo enunciativo y sujeto a debate y consensos, por ejemplo: un cambio del sistema de representatividad legislativa pasando de la bicameralidad (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) a un sistema unicameral, un cambio en establecer un sistema de votación cada cuatro años y no cada dos como es en la actualidad, establecer el sistema de capitales alternas para que la sede del gobierno sea bien federal, ampliar el período de sesiones ordinarias (hoy es primero de abril, pero podríamos comenzar el 1° de febrero por ejemplo), incorporar la cláusula de consanguinidad para el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo provincial, limitar a no más de dos períodos continuos o alternados la duración de los cargos electivos, analizar y estudiar modificaciones funcionales para la designación de magistrados que limiten las facultades que tiene el poder ejecutivo actual, etcétera”.